Las generalizaciones no siempre son justas porque con ellas atribuimos a un colectivo actitudes y comportamientos de algunos de sus individuos, tras haber sumado unas cuantas experiencias particulares. Hecha la aclaración, vayamos al porqué de hechos trágicos como el asesinato del joven Álvaro Ussía que, desgraciadamente, no es el primero que se produce en similares circunstancias. En Madrid hubo otros tres en las personas del joven angoleño Jimmy Ndombele y de los marroquíes Tarek Bouniaga y Abderrazak Khamal, en discotecas de la zona sur. Probablemente, si las rápidas y contundentes medidas adoptadas ahora se hubieran tomado en 2001, cuando murió el menor Ndombele, se hubiera frenado la violencia a las puertas de las salas de fiesta. De hecho, es lo que sucedió en Cataluña, donde se reguló laboralmente ese puesto tras el asesinato cometido por un matón, empleado en una discoteca ubicada en el Maremagnum. Pese a todo, sólo conocemos los casos más graves, con resultado de muerte, que sí saltan a los medios de comunicación. En cambio, se nos ocultan las miles de ocasiones en que chicos que acuden a pasar un rato con los amigos a una discoteca terminan golpeados o arrojados como fardos por estas personas, severamente entrenadas en gimnasios para una misión que no es matar, sino pegar una buena paliza a los clientes que ellos, arbitrariamente, consideren díscolos. Además, en la mayoría de los casos, estos individuos carecen de vinculación laboral con la empresa de manera que si sucede alguna desgracia, el empresario es irresponsable, porque el matón no trabaja para él. De cualquier forma, todo lo que rodea a las discotecas es un mundo sórdido en el que Sanidad, Protección Civil o Interior podrían haber entrado a saco y que, sin embargo, no lo han hecho por motivos desconocidos.