Un ciudadano llamado Thomas, de la localidad de Plettenberg Bay en Sudáfrica, recibió una multa de tráfico de 300€. La policía local, que era la que le sancionaba, acompañó una fotografía de su coche, un VW Polo, circulando a 76 km/hora en un tramo limitado a 60 km/hora. En la foto también se apreciaba que el coche iba con las ruedas delanteras levantadas, lo que en principio hacía pensar en que estaba a punto de despegar, pero, observando mejor la fotografía se advertía que iba remolcado por una grúa. Thomas no daba crédito a lo sucedido y se subía por las paredes, pero parece que se calmó cuando alguien le comentó que en España las autoridades, en un caso similar, hubieran puesto dos multas, una al turismo remolcado y otra a la grúa que remolcaba.

El caso a mí me parece un monumento a la estupidez administrativa.

En España, un país en el que cada día pierden el trabajo más de 6.000 personas, en el que hay 3.500.000 parados y en el que los comedores para los hambrientos ya no dan abasto, un Director General de Tráfico compra dos Mercedes, clase C, 220, uno plateado y el otro verde, para equiparlos con radares que midan la velocidad de los automóviles y puedan así esquilmar a sus conductores. La razón de la compra es porque, en principio, nadie piensa que en un coche tan lujoso viaja la policía. La razón de la compra está, por lo tanto, en cazar a todo el mundo, en doblar a multas a todo el mundo. La razón de la compra está en recaudar. Recaudar para después colocar a gentes y gentes del partido en el gobierno que, a su vez, controlarán también a los ciudadanos en este campo o en otros y les chuparán hasta la sangre. Control y recaudación. Eufemísticamente la DGT dice que esto lo hace para salvar vidas, para evitar accidentes. Cinismo.