Los políticos son indiscernibles. En lo moral como en lo intelectivo. Una casta a la cual aceradamente suelda el sueldo. El cual da identidad inquebrantable, por encima de siglas: privilegio supremo de cobrar por nada; quiero decir, por nada bueno. Una certeza rige cada acto suyo: que ningún desacuerdo vale lo que vale la común opulencia con la cual se premia su solemne oficio de holgazanes. Quienes pagamos ese sueldo, quienes somos sangrados sistemática y eficientemente por una Hacienda pública mil veces más desalmada que la mafia más abusiva, tenemos, al menos, el derecho -y, si no es un derecho, es una potestad primordial y, más aún, un imperativo ético al cual sólo perdiendo toda dignidad se renuncia- de odiarlos. Sin distinción. Como casta. Parasitaria e insaciable. De odiarlos. Racionalmente. De las muchísimas burlas sobre las cuales se gesta nuestra ruina colectiva, ésta, que no ha hecho más que iniciarse en la primera verdadera depresión desde 1929, el agujero sin fondo de políticos y funcionarios de la Unión Europea, es, a lo largo de los dos últimos decenios, la más repugnante, aquella que más ha envilecido la conciencia ciudadana del Continente. Para nada sirve el Parlamento de Estrasburgo. Estrictamente para nada. Salvo para enriquecer a una onerosa patulea de diputados y funcionarios. Por igual ociosos. Ahora, los diputados europeos han decidido duplicarse el sueldo. Ni uno solo de los partidos españoles presentes en ese simulacro de cámara representativa ha tenido la decencia básica de llamar a eso por su nombre: estafa.