Por fin, el Gobierno de Zapatero ha certificado en el Congreso y por escrito lo que ha ocultado hasta ahora: que durante los gobiernos de José María Aznar no se produjeron vuelos ilegales a la base de Guantánamo. «En ningún caso se ha tenido conocimiento o constancia de algún vuelo militar de naturaleza ilegal o que contraviniera las disposiciones vigentes en materia de Derechos Humanos o los Convenios Internacionales suscritos por España», ha asegurado en sus respuestas parlamentarias el Ministerio de Presidencia. Esta aclaración, expresada con la rotundidad que merece la gravedad de la cuestión, es más que pertinente. Tanto, que sorprende que el Ejecutivo no la haya hecho mucho antes para poner freno así al cúmulo de descalificaciones, insidias e insultos que desplegó la izquierda contra el PP. Pero, lamentablemente, a los dirigentes socialistas les pudieron los intereses partidistas frente a los de Estado. Conviene recordar que el PSOE y su coro mediático utilizaron electoralmente este escabroso asunto de los llamados «vuelos ilegales» para desgastar al PP y para desviar la atención sobre la presunta responsabilidad del primer Gobierno de Zapatero. Si no es aceptable utilizar infundios para atacar al adversario, lo es todavía menos que el Gobierno de la nación se haya demorado varios años en restablecer la verdad.