La irrupción del líder batasuno Arnaldo Otegi en la campaña electoral pidiendo el voto para Iniciativa Internacionalista despeja cualquier duda razonable que aún pudiera existir sobre la naturaleza de esa candidatura encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre. Pero a la vez, supone un claro desafío al Estado de Derecho y una burla al sistema democrático. Por tanto, ni uno ni otro deben permanecer con los brazos cruzados y, a través de sus órganos e instituciones correspondientes, deben activar los mecanismos legales necesarios para impedir que la banda terrorista ETA logre su propósito de colarse en el Parlamento Europeo. Que Iniciativa Internacionalista era una tapadera del brazo político de ETA no lo dudaba casi nadie y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían aportado pruebas bastante razonables de ello. Sin embargo, a seis magistrados del Tribunal Constitucional no les parecieron suficientes y éste casó la sentencia del Supremo que ilegalizaba a II-SP. Descubierto ya el fraude con la intervención inequívoca de Otegi, sería muy dañino para la salud democrática de la sociedad española que se tolerara tal desafío. No es fácil, ciertamente, máxime en un sistema judicial tan garantista como el nuestro, pero la Ley tiene mecanismos suficientes para que nadie se burle de ella impunemente.