Si cuaja la idea de aumentar los impuestos sobre el consumo de alcohol y de tabaco, podrá ocurrir que miles de españoles resistentes a los consejos del Ministerio de Sanidad, renuncien a sus vicios disuadidos por el Ministerio de Economía. Al fumador vocacional, como al fumador empedernido, el riesgo de ver cómo merma su salud probablemente le resulta más soportable que la posibilidad de que el humo le hunda en la miseria, del mismo modo que al bebedor habitual será el bolsillo, y no el hígado, lo que le aparte del vicio. Y llegado el momento de que su precio haga prohibitivos los vicios, el Estado comprobará que su  obsesión recaudadora no le ha servido para otra cosa que para destruir los caladeros en los que tenía por costumbre cosechar sus mejores cifras: el estanco y la taberna. Liberados de las enfermedades causadas por el alcohol y el tabaco, fumadores y bebedores vivirán más tiempo, se harán viejos y el Estado tendrá que gastarse en sus pensiones lo que se ahorró en el tratamiento de sus dolencias. Descubrirán entonces los gobernantes que la salud es a veces más costosa que la enfermedad. Sería una gran oportunidad para que los políticos comprendiesen de una vez por todas que los ciudadanos somos libres de morirnos como nos apetezca y nadie es quién para convertir nuestros sagrados derechos en un odioso deber. La salud no nos va a librar de la muerte.