El enredo a cuenta de los dos piratas somalíes en España vivió ayer un insólito episodio. Cansada de las recriminaciones sufridas,  la Audiencia Nacional salió en defensa del trabajo de los jueces, negó cualquier responsabilidad en la causa abierta y señaló a la Abogacía del Estado como el autor de la denuncia. No es nada habitual que un órgano jurisdiccional tan relevante ponga públicamente al Gobierno en su sitio y le afee su conducta política. La Presidencia de la Audiencia explicó que «ningún juez» reclamó la competencia del caso «Alakrana» ni exigió medida alguna, y aclaró que Garzón «desconocía» la intención de llevar a los detenidos a Kenia. El Gobierno, por tanto, haría bien en no desviar la atención y asumir su responsabilidad en esta lamentable ceremonia de la confusión en que se ha convertido el drama que mantiene en vilo a 36 pescadores y sus  familias. ¿O también va a exigir silencio a los jueces?