Está claro que cada uno es libre de decir lo que quiera sobre cualquier tema, incluido por supuesto el estatut. Pero lo que me parece inadmisible es la presión oficial, desde las instituciones y aledaños, para influir en la decisión de un tribunal. Presión directa y con malas artes. Presión bajo amenazas veladas. Presión coordinada y planificada por el poder y ejecutada por sus colaboradores. Tanta unanimidad programada acaba siendo sospechosa. Curiosamente, los que presionan sin pudor se escudan en lo que no es verdad. No lo es, por ejemplo, que Cataluña esté siendo agraviada. No lo fue que el estatut lo aprobara mayoritariamente el pueblo catalán, pues más bien se trató de un aprobado pírrico. Y también una cuestión nada baladí: si se hubiese actuado con espíritu integrador, con voluntad de consenso, este tema no estaría hoy en el Tribunal Constitucional. Integrar significa no marginar a partidos como el Partido Popular o Ciutadans, que representan a un sector importante de la sociedad. Que también es Cataluña, por cierto. Y que tiene derecho a dar su opinión y a recurrir a los tribunales. Pese a que digan lo contrario quienes monopolizan el derecho a la opinión.
Porque no por mucho editorial que se publique en muchos periódicos juntos se va a poder transformar lo blanco en negro o viceversa. Si el estatut es incotitucional, no hay más remedio que declararlo como tal en los artículos que corresponda. Ahora resulta que la culpa es de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero los jueces sólo cumplen con su obligación. Eso sí, tarde y mal, con lamentable retraso con relación a lo que es razonable y admisible.

Mensaje de texto enviado por Manuel A. Rodríguez Navarro @12:25

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