Pongámonos en el caso de una madre o padre que, regateando a la crisis, pudo distraer unos euros para enviar a su hijo a EE UU a aprender inglés el pasado verano. Primero hubo que conseguirle a la criatura un pasaporte súper, de esos que llevan chip. Luego, pedir en la embajada de USA un visado de entrada (ya se que ahora le llaman para disimular ESTA, siglas de no se qué «travel authorization», pero es una visa de las de toda la vida) y esperar varios días hasta que te contestan. Obtenido lo anterior, no se evitan chequeos y controles antes de embarcar ni registros y verificaciones en el aeropuerto de destino. Pero lo aceptamos con buen talante: todo con tal de que nuestro hijo, un adolescente con acné, o nuestra hija, todavía con coletas, no sea confundido con un terrorista internacional y acabe en Guantánamo. Imbuidos de tan colaborador espíritu, contemplamos complacidos cómo el resto de la fila de facturación es sometida al mismo rigor. Duro con ellos. Si hasta nuestros querubines pasan por sospechosos, ¿qué decir de aquel moreno, de ese barbudo? Que les miren hasta en el fondillo. Pues bien: como regalo de fin de año, hemos sabido, antes de estrenar el 2010, que una persona de raza negra y religión islámica, con pasaporte nigeriano, habitual de los chats radicales y denunciado por extremista ¡por su propio padre! ha podido pasar todos esos controles y subir a un avión rumbo a Detroit. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? ¿Por qué nos estafan con el mito de la seguridad?