El 85% del déficit público español corresponde al gobierno central y el 15% restante a las 17 autonomías, los 8.000 ayuntamientos y las 50 diputaciones. Así, el déficit liquidado en 2009 fue del 11.2% del total de la producción nacional, del que el 9.5% correspondió a la Administración General del Estado, y el 1.7% restante lo causaron municipios, provincias y comunidades autónomas. Por tanto, si bien es cierto que el control del excesivo gasto público es responsabilidad de todas las administraciones, en su gran mayoría corresponde al gobierno central, que es además quién conserva competencias de obligado cumplimiento para el resto de administraciones. A pesar de ello es quién menos a hecho a la hora de ajustarse el cinturón. Ciertamente ha dedicado más esfuerzos a negar la evidencia y trasladar responsabilidades que a atajar la sangría pública de nuestras finanzas, solo así se explica que en 2009 el gobierno de Zapatero gastase 205.000 millones de euros e ingresase tan solo 105.000, espectacular. Un gasto de casi el doble de lo ingresado no ha tenido lugar jamás desde que existen liquidaciones presupuestarias, desde 1.850 cuando reinaba Isabel ll, tatarabuela de nuestro Rey.